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Germán Velásquez: “El 80% de los fármacos sólo tratan, en vez de curar, para ser rentables para la industria”


ANNA FLOTATS

El asesor especial del Centro del Sur para las áreas de Salud y Desarrollo afirma que España fue “engañada” por la farmacéutica que distribuye el fármaco contra la Heptatis C y que se zanjó la polémica con una “solución política, pero no real”. Exrepresentante de la OMS, será investido hoy Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid.

El filósofo y economista Germán Velásquez, durante la entrevista./ A. F.

MADRID.- Germán Velásquez (Manizales, Colombia, 1948) trabajó durante más de 20 años en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y acabó diciendo de ella que se ha “privatizado”. Sin embargo, su investigación y lucha por el acceso a los medicamentos esenciales le llevó a coordinar el programa de acción sobre medicamentos de esta organización. Ahora es asesor especial en el Centro del Sur, una organización con sede en Ginebra formada por 54 países en vías de desarrollo. Precursor en el debate sobre la mercantilización de la salud, será investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid este lunes. A poco más de un mes para que empiece la campaña electoral en España, Velásquez advierte a los políticos de que, por suerte, la sociedad civil es más consciente que nunca de cuáles son sus derechos: “Hoy en los países del sur mueren miles de personas por no tener acceso a la sanidad. En España, antes que los ciudadanos paguen de su bolsillo el 100% del precio de los fármacos, cae el Gobierno”.

La UCM le inviste Doctor Honoris Causa por ser “una de las voces más críticas frente al inmovilismo de los Gobiernos en cuanto al problema de acceso a medicamentos” y por denunciar “la pérdida de independencia y de credibilidad de los organismos internacionales”. ¿Cómo interpreta este reconocimiento?

En cierta forma, es un reconocimiento a una causa, más que a una persona. Yo represento una lucha compartida con mucha otra gente contra la limitación en el acceso a medicamentos en los países del sur y, hoy en día, incluso en los países del norte. Esta distinción me llega en un momento muy importante para mí porque, después de 25 años de trabajo en este campo, me doy cuenta de que la solución no puede venir de la ONU —donde hay una superficialidad brutal y poca elaboración a nivel conceptual— ni de los gobiernos, porque son miopes y buscan soluciones a corto plazo a pesar de que en salud pública no se pueden hacer milagros en dos o tres años. Los políticos tratan de quedarse en el poder pero no buscan soluciones que puedan durar muchos años porque ya no estarán en el poder. Por lo tanto, la única solución está en la academia. La universidad puede encontrar soluciones a la falta de acceso a los medicamentos en el sur y, recientemente, en Europa.

¿De qué manera?

Construyendo otros modelos que permitan una investigación con una rentabilidad sana y garantizando el acceso. El sistema actual consiste en investigar con fondos públicos o privados, patentarlo todo y vender los fármacos a un precio altísimo que puede significar una restricción en el acceso. Tenemos que encontrar un esquema en el que no haya que pasar por el sistema de patentes, en el que el medicamento esté en el dominio público y pueda venderse a precios competitivos. La universidad puede demostrar a los Estados y a los organismos internacionales que hay otros modelos posibles para hacer investigación de una forma rentable pero logrando que todas las personas puedan acceder a ella.

¿Por qué la industria farmacéutica sigue anteponiendo sus intereses económicos a la salud pública sin recibir castigo alguno?

Históricamente, la industria farmacéutica, que es bastante joven, no tiene ni 100 años, estaba formada por empresas familiares supervisadas por los gobiernos nacionales. Pero cuando se generaliza el sistema de patentes, la industria ya estaba concebida como un mecanismo con ánimo de lucro cuya filosofía es, en primer lugar, ganar dinero y, eventualmente, curar o tratar a algunas personas. Así, se desarrollaron unos monstruos gigantescos que hoy son transnacionales, es decir, que sobrepasan la nación no sólo en capitales y tamaño, sino en la capacidad de supervisión de los Estados.

Aunque ha denunciado el “capitalismo especulativo” de la industria y su “afán de lucro inmediato”, niega que sea, como se dice a veces, un “enemigo” de las farmacéuticas.

Efectivamente, no soy un enemigo de la industria farmacéutica. Pero es que la industria farmacéutica, como está constituida hoy en día, es enemiga de la salud pública. La industria farmacéutica logra unos beneficios —del orden del 20%— que no los tiene ni la industria financiera, del armamento o del automóvil. Como muchos medicamentos secuestrados bajo una patente durante 20 años, el fabricante pone el precio que quiere y, normalmente, no tiene nada que ver con el costo de producción. El director general de Gilead, la firma que desarrolla el medicamento que cura la Hepatitis C y que se vende en EEUU por 82.000 dólares (el tratamiento de 12 semanas) dijo en una entrevista que fijó el precio teniendo en cuenta que un trasplante de hígado (a lo que puede conducir esta enfermedad) cuesta casi 100.000 dólares.

En España, el Gobierno acordó pagar 25.000 euros a la farmacéutica por cada tratamiento de Sovaldi

Eso fue una solución política, no una solución real. En 2008, el Gobierno español prohibió endeudarse a las comunidades autónomas sin el permiso del Gobierno central. Lo que pasó con la compra del medicamento contra la Hepatits C es que el Gobierno levantó ese veto, pero eso no quiere decir que las comunidades vayan a endeudarse ni que sea razonable hacerlo. El gobierno francés y el español negociaron a la vez con la farmacéutica, pero España llegó a un precio de 25.000 euros y Francia, de 45.000. Esto es un engaño. Cuando uno hace un negocio y gana el doble o el triple, puede decirse que es un buen negocio. Pero si algo que te cuesta menos de 200 euros —el costo del tratamiento de 12 semanas contra la Hepatitis— lo vendes a 82.000 dólares en EEUU… eso no es un buen negocio, sino un fraude. Es la misma filosofía de un perfume: se vende a un precio terriblemente elevado y lo compra una minoría porque no hace falta que lo compre la mayoría de la población. Sería trágico para Dior que todo el mundo se perfumara con el mismo perfume. Casi es igual de cínico lo que pasa con los medicamentos. Por otra parte, el gobierno de España, como cualquier otro miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tiene el derecho de retirar la patente del medicamento contra la Hepatitits C para que lo produzca cualquiera. Se llama licencia obligatoria, pero los Estados no lo hacen porque hay muchas presiones de las farmacéuticas y presiones directas del Gobierno de EEUU para que no se hagan licencias obligatorias a sus firmas privadas. De una manera política, se protegen los intereses de las firmas privadas.

En este contexto, ¿se justifican las patentes?

Sería simplista decir que no se justifican y que hay que quitarlas mañana. Pero lo que sí se puede decir es que las patentes, como están siendo utilizadas hoy, no se justifican porque se usan de manera irresponsable. En un año salen entre tres y cinco productos innovadores; sin embargo, se otorgan varios cientos e incluso miles de patentes farmacéuticas. Hay muchos medicamentos bajo patente que no son innovación y que deberían estar en el dominio público y ser comercializados en competencia para que los precios bajaran. Habría que poner orden y hacer más transparente y riguroso el sistema de patentes para que sólo unos medicamentos, muy pocos, puedan tener una patente y que el Estado dé la posibilidad a quien lo inventó de recuperar su inversión. Pero esa remuneración no puede ser tan elevada que bloquee el acceso. Hay que combinar innovación con acceso porque ¿de qué sirve innovar en medicamentos si la gente no puede acceder a ellos?

Usted ha escrito que la sociedad contemporánea tiene capacidad técnica y financiera de producir medicamentos que salven millones de vidas. ¿Quién no está haciendo su trabajo?

Todos somos un poco culpables. Los Estados son culpables de haber tolerado este desorden. La industria está especulando con la vida de las personas y los organismos internacionales, como la OMS, son culpables de no fijar las reglas del juego.

¿Qué solución propone?

Hacer un tratado internacional vinculante y que todos los países que lo firmen aprueben una ley en sus respectivos parlamentos. La OMS tiene la capacidad de negociar tratados vinculantes, pero en sus 65 años de historia sólo lo ha hecho una vez. Fue la convención marco contra el tabaco y es evidente que fue una decisión increíblemente eficaz. La OMC elabora reglas de comercio internacional que son decisiones vinculantes, de aplicación obligatoria. En cambio, en salud pública no hay leyes, todo son recomendaciones. Es absurdo. Debería hacerse un tratado vinculante que se negocie en Ginebra y que cada país, en función de su PIB, apruebe una contribución para crear un fondo común con el que se investigue de tal manera que el fruto de la investigación esté en el dominio público, no haya que patentarlo y que, por tanto, esté al servicio de los países ricos y pobres.

¿Qué papel juegan los genéricos en este escenario?

El genérico es un aliado de los sistemas de salud. En África, el 99% de los antirretrovirales son medicamentos que vienen de la India, genéricos. Pero todos los nuevos medicamentos están secuestrados por la patente, tienen que esperar 20 años y para un enfermo de sida es demasiado tiempo. Hay que dejar claro que los genéricos no son fundaciones filantrópicas ni Hermanitas de la Caridad; son negociantes, están haciendo dinero. Pero su filosofía es producir grandes cantidades de medicamentos a precios bajos para que puedan adquirirlos la mayor parte de la población. No es la filosofía del perfume; el genérico tiene una filosofía más conforme a un criterio de salud pública.

En los últimos años, España ha introducido el copago, ha privatizado hospitales y ha limitado el acceso a la sanidad a los inmigrantes. Todo, según el Gobierno, para ahorrar. ¿Qué le parece?

Me parece un retroceso triste e inadmisible porque España no ha recortado en gasto, sino en derechos y eso no es sano. En las últimas dos décadas, nos han vendido que el Estado despilfarra y no es eficiente, y que por eso hay que entregarle la gestión sanitaria a empresas privadas. Pero si privatizamos un hospital corremos el riesgo de que se convierta en una empresa con ánimo lucrativo antes que en un servicio público. Hay que introducir eficiencia administrativa, pero ¿quién ha dicho que el sector público no pueda hacerlo?

¿Es posible recuperar lo que hemos perdido?

Sí, pero es necesaria más transparencia en el proceso de investigación y desarrollo de los medicamentos. El sistema sanitario es un servicio público que tiene que ser rentable, pero su objetivo principal debe ser investigar para ayudar a la sociedad a mantenerse saludable o a curarse de una enfermedad. Debe haber una agenda de investigación en función de las enfermedades reales de la gente. Hoy se investigan enfermedades que pueden ser rentables y si no es una enfermedad, se crea. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en los niños. Es una enfermedad que se ha creado porque supone un negocio rentabe: son medicamentos sobre patentes que deben administrarse durante un largo tiempo. La industria farmacéutica dejó de hacer medicamentos para curar. Hoy el 80% de los medicamentos que hay en el mercado son para tratar. Los fármacos contra el sida, para la hipertensión, la diabetes o contra enfermedades cardiovasculares deben tomarse toda la vida. Si sacamos un medicamento contra el cáncer de mama, en vez de un tratamiento, estaremos matando el negocio porque al cabo de un tiempo perderemos un cliente. El Estado tendría que exigir que los medicamentos nuevos curen o prevengan.

Es más rentable “matar” a la persona que “matar” el negocio.

En parte, sí. A la industria farmacéutica lo que menos le preocupa es el paciente. Trata de asegurar sus beneficios. Un estudio de la revista Lancet que analiza los 70 medicamentos contra el cáncer que fueron puestos en el mercado en los últimos 10 años en EEUU demuestra que su único beneficio es prolongar la vida del paciente una media de dos meses. Algunos de estos fármacos cuestan hasta 100.000 dólares. Son ejercicios de especulación que no podemos permitirnos.

¿En qué país podemos fijarnos en materia sanitaria?

Sobre todo, en el norte de Europa. En los países nórdicos están atravesando la misma crisis financiera que España y no les ha dado por privatizar hospitales, están buscando otras soluciones. Y luego está el excesivo consumo de fármacos. El consumo de medicamentos en EEUU es 1.000 dólares por habitante al año. En Dinamarca, es de 300 dólares, una tercera aparte. Y no podemos decir que los americanos tengan mejor salud que un danés, un holandés o un sueco. En España, el consumo es de 600-700 euros al año, un consumo desproporcionado.

Fuente: http://m.publico.es/sociedad/1937069/german-velasquez-el-80-de-los-farmacos-solo-tratan-en-vez-de-curar-para-ser-rentables-para-la-industria?utm_source=WhatsApp

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Publicado por en 29 octubre, 2015 en Salud y bienestar

 

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Cuatro razones por las que los delitos económicos y ambientales pueden considerarse de lesa humanidad


  • Los nuevos Principios de Justicia Universal que impulsa la Fundación Baltasar Garzón defienden que la explotación indiscriminada de recursos o las actividades contaminantes se persigan internacionalmente por sus graves efectos sobre la población
  • También la especulación con productos de primera necesidad y la explotación laboral
  • Incluirlos en esta categoría convertiría estos crímenes en imprescriptibles y permitiría que se juzgaran en cualquier país

Natalia Chientaroli – Buenos Aires

Vertido de petróleo en el Golfo de México.  

¿Qué pasaría si el derrame de petróleo de una multinacional con consecuencias a largo plazo en el medio ambiente pudiera ser equiparado al genocidio? ¿O si se pudiera reclamar internacionalmente la responsabilidad de entidades bancarias por recibir los capitales que se fugan de un país al borde de la quiebra? Ampliar los alcances de la jurisdicción universal. Esa es la idea que reunió en Buenos Aires a decenas juristas y de especialistas en derechos humanos en un congreso cuya propuesta principal es que ciertos delitos medioambientales y económicos sean considerados crímenes de lesa humanidad.

Promovido y organizado por la Fundación Baltasar Garzón, el Congreso Internacional de Jurisdicción Universal en el siglo XXI fue el punto de encuentro para diversos grupos de trabajo que habían mantenido reuniones en los últimos dos años en diferentes ciudades del mundo con un objetivo: analizar la evolución de la jurisdicción universal y avanzar en ese campo para incorporar nuevas formas delictivas que también atentan contra los derechos humanos.

Fruto de esa labor se han publicado los Principios de Buenos Aires-Madrid, que ahora serán objeto de estudio y discusión en foros profesionales, doctrinales y académicos “para volver a situar esta herramienta legal en el lugar que le corresponde a favor de la justicia, las víctimas y la reparación de los delitos de lesa humanidad que se comentan en cualquier lugar del mundo”, de acuerdo con las palabras del propio Baltasar Garzón.

Incorporar ciertos delitos económicos y ambientales a la justicia universal significaría:

1. Perseguir a las corporaciones

“El problema climático está íntimamente ligado al esquema del poder financiero. Porque son las corporaciones que manejan nuestros gobiernos las responsables, por ejemplo, de las extracciones predatorias de recursos naturales”. Por eso, entre el catálogo de nuevas formas delictivas que podrían inscribirse dentro del ámbito de la jurisdicción universal, el documento aprobado en Buenos Aires incluye, por ejemplo, “la explotación ilícita de recursos naturales que afecten gravemente a la salud, la vida o la convivencia pacífica de las personas con el entorno natural en el espacio donde se produzca la explotación”.

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Esto abriría la puerta a procesos judiciales contra multinacionales que ejercieran su actividad sin tener en cuenta sus consecuencias medioambientales y sociales. Y, lo que es más importante, establecería una injerencia mundial en el asunto. Si el país en el que ocurren estos hechos no los investigara o juzgara, podría hacerlo otro país o un tribunal internacional.

Lo mismo ocurriría cuando esas consecuencias afecten a más de un Estado, como en otro de los ejemplos que menciona el texto acordado: “la obstrucción ilegal del disfrute de recursos transfronterizos, como la contaminación severa de ríos internacionales”.

La jurisdicción universal aportaría una tercera forma de protección de las personas, de acuerdo con los especialistas, porque uno de los nuevos delitos recogidos en estos principios es el de los “traslados forzosos de comunidades con fines de explotar los recursos naturales de sus tierras ancestrales”, algo que afecta a los pueblos originarios latinoamericanos, pero no exclusivamente. Tashi Tsering, investigador del York Centre for Asian Research de la Universidad canadiense de York relató durante su ponencia en el congreso los traslados masivos de población en el Tíbet por parte de las autoridades chinas para explotar recursos naturales en la zona.

2. Reconocer los ‘derechos de la naturaleza’

El documento señala la “destrucción irreversible de ecosistemas” como uno de los grandes delitos por los que podría pedirse responsabilidad tanto a las corporaciones como a los Estados que deben controlar la actividad empresarial.

“La aplicación de la Jurisdicción Universal ante delitos medioambientales graves no va a resolver del todo el problema, pero esta herramienta sí se puede usar para poner de manifiesto las operaciones de esas grandes empresas que causan desastres medioambientales”, sostiene el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni. Pero “de esto se habla poco” ya que el debate es minimizado por los grandes medios de comunicación que “forman parte del capital transnacional concentrado”, afirma.

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“El discurso ideológico imputa a los países en vías de desarrollo la contaminación”, sostiene el responsable de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Argentina, Jorge Auat. “Pero los responsables de estas políticas son las grandes corporaciones económicas que están en los países centrales y no en nuestros países”, apunta el exfiscal general argentino Hugo Cañón. Por eso ambos sostienen que en los países más poderosos es donde más se pondrán “obstáculos para impedir que exista esta posibilidad de juzgamiento a todo aquello que tenga que ver con crímenes económicos y la afectación del medio ambiente”.

La fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado ha recordado que en al menos dos oportunidades, en ambos casos con actores vinculados con China, tribunales españoles debieron “archivar causas por motivos estrictamente económicos”, luego de que “el Poder Legislativo invadiera posiciones del Judicial”.

La responsabilidad económica

El capítulo de los delitos económicos fue uno de los más trabajados durante el congreso y las reuniones previas, y ha acabado con un profuso catálogo de crímenes que podrían ser perseguidos por la justicia internacional.

“Esta lucha contra la impunidad y el estudio de los crímenes de lesa humanidad en relación al sistema financiero es de vital importancia”, ha afirmado el diputado argentino Remo Carlotto, que ha explicado que Argentina está inmersa en un proceso en el que se busca esclarecer cómo la última dictadura estuvo asociada a intereses económicos nacionales y trasnacionales.

El documento aprobado menciona entre los delitos que deberían ser enmarcados en la jurisdicción universal “la desviación ilícita de fondos aprobados para paliar catástrofes humanitarias” y el “tráfico ilícito de armas hacia lugares o zonas de conflicto o con prohibición expresa de exportación por Naciones Unidas”.

También los fraudes alimentarios o la “especulación de precios sobre productos de primera necesidad de los que dependan la supervivencia o la salud de una generalidad de personas”. Además, se hace hincapié en “la explotación laboral de menores y el incumplimiento de los derechos de los trabajadores reconocidos a nivel internacional”.

“Si administro mal el patrimonio de un incapaz me condenan, pero si lo hago con un país, me voy a dar clases a Harvard”, ironiza Zaffaroni al referirse a uno de los conceptos que más llaman la atención de la propuesta del congreso. La de pedir responsabilidad a los Gobiernos y a los sistemas financieros por las consecuencias de sus decisiones sobre la población.

“Junto con la desaparición de personas, Argentina sufrió un proceso inédito de contracción de la distribución del ingreso y crecimiento del endeudamiento que ha tenido y tiene consecuencias para nuestro pueblo”, ha apuntado a su vez Remo Carlotto.

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Entre los posibles crímenes que se ajustan a la categoría universal el documento recoge, por ejemplo, la “fuga de corporaciones o extracción masivas de fondos que traten de eludir las responsabilidades pecuniarias derivadas de la comisión de los crímenes contenidos en estos principios”.

El propio Baltasar Garzón se ha encargado de defender esta posición: “Hay que encontrar mecanismos que frenen la avidez de esos piratas que se aprovechan de las quiebras de los países para inflar sus cuentas de beneficios mientras los pueblos se ven abocados a la miseria”.

4. Delitos que no prescriben

La inscripción de estos delitos en el marco de la jurisdicción universal anula cuestiones clave como la posibilidad de indulto, amnistía o la propia caducidad temporal de los delitos cometidos. Así, el artículo seis de estos nuevos principios asegura que “las disposiciones de los Estados donde se cometieron los hechos respecto de prescripción, amnistía, indultos y demás medidas destinadas a excluir responsabilidad no serán aplicables” a estos crímenes.

Como medidas judiciales aplicables, los especialistas prevén incluso “el decomiso de todos los bienes, efectos y valores pertenecientes al responsable penal que guarden relación directa o indirecta con los hechos cometidos” con el objetivo de “lograr la reparación integral del daño causado”.

El documento va incluso más allá y establece que “las autoridades competentes no reconocerán el secreto bancario o corporativo ni cualquier otra medida que favorezca a la fuga de corporaciones o extracción masivas de fondos” que traten de eludir las responsabilidades derivadas de la comisión de estos delitos.

Tras la aprobación de estos principios, entidades como la Fibgar se encargarán de difundirlos y someterlos al debate público y especializado con el objetivo de que a medio plazo sean asumidos por el mundo jurídico y más adelante pasen a formar parte de la legalidad internacional y local, por ejemplo a través de la firma de acuerdos.

 
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Publicado por en 29 octubre, 2015 en Salud y bienestar, Sin categoría

 

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